MEXICO, DF (La Jornada).— La defensa legal de los trabajadores de la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
la encabeza un “ejército” de al menos 500 abogados de varias entidades del país, agrupados en organizaciones de juristas y despachos jurídicos de reconocimiento nacional.Durante una reunión realizada la tarde del pasado lunes en la Cámara de Diputados, medio centenar de abogados —principalmente especializados en materia laboral— determinaron conformar el denominado “Frente amplio de abogados y juristas por la defensa del SME y de la industria eléctrica nacional”.En el Comité participaron presidentes y miembros de agrupaciones de litigantes progresistas, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Unión de Juristas de México, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), entre otras.También estuvieron algunos académicos de facultades de Derecho de las universidades públicas ubicadas en la Ciudad de México, como el constitucionalista Jesús Trafaga Reyes, así como litigantes de diversos despachos jurídicos privados, entre ellos Tierra y Libertad, de Bárbara Zamora y Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica Laboral, que encabeza Manuel Fuentes Muñiz.Aunque no asistió a la reunión, el ex procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, manifestó, por escrito, que aportará ideas y apoyará las acciones jurídicas de esta variopinta agrupación de litigantes, que, de entrada, acordaron, en su primera junta, que su labor será “de solidaridad” al Sindicato de Electricistas.“Uno de los acuerdos más importantes al que llegamos en la reunión del lunes, es que este frente surge bajo un principio de solidaridad a los trabajadores electricistas, ante el artero golpe que recibieron del Gobierno Federal”, aseguró José Luis Contreras, presidente de la ALAL.“Estamos buscando que el doctor Néstor de Buen, experto en derecho laboral, y el reconocido constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se sumen a este proyecto”, refirió Eduardo Miranda Esquivel, de la Unión de Juristas de México, uno de los moderadores de la reunión.De su lado, Manuel Fuentes, con 25 años de experiencia en materia laboral, refirió que los abogados acordaron investigar y alimentar criterios jurídicos, tanto para el sindicato como para diputados y senadores, a fin de enriquecer los argumentos para que los ministros de la Corte les concedan la razón a los legisladores que interpongan la controversia.Precisó que “por la naturaleza del decreto presidencial, los trabajadores que decidan ampararse sólo tienen 15 días hábiles para hacerlo, dada la naturaleza del mismo, pues sólo cuando se trata de la emisión de una ley, se concede a los quejosos 30 días hábiles”.Los litigantes consultados agregaron que la próxima semana se estará presentando el primer bloque de amparos masivos en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, demandas en las que se solicitará la suspensión del acto reclamado (el decreto presidencial).
la encabeza un “ejército” de al menos 500 abogados de varias entidades del país, agrupados en organizaciones de juristas y despachos jurídicos de reconocimiento nacional.Durante una reunión realizada la tarde del pasado lunes en la Cámara de Diputados, medio centenar de abogados —principalmente especializados en materia laboral— determinaron conformar el denominado “Frente amplio de abogados y juristas por la defensa del SME y de la industria eléctrica nacional”.En el Comité participaron presidentes y miembros de agrupaciones de litigantes progresistas, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Unión de Juristas de México, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), entre otras.También estuvieron algunos académicos de facultades de Derecho de las universidades públicas ubicadas en la Ciudad de México, como el constitucionalista Jesús Trafaga Reyes, así como litigantes de diversos despachos jurídicos privados, entre ellos Tierra y Libertad, de Bárbara Zamora y Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica Laboral, que encabeza Manuel Fuentes Muñiz.Aunque no asistió a la reunión, el ex procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, manifestó, por escrito, que aportará ideas y apoyará las acciones jurídicas de esta variopinta agrupación de litigantes, que, de entrada, acordaron, en su primera junta, que su labor será “de solidaridad” al Sindicato de Electricistas.“Uno de los acuerdos más importantes al que llegamos en la reunión del lunes, es que este frente surge bajo un principio de solidaridad a los trabajadores electricistas, ante el artero golpe que recibieron del Gobierno Federal”, aseguró José Luis Contreras, presidente de la ALAL.“Estamos buscando que el doctor Néstor de Buen, experto en derecho laboral, y el reconocido constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se sumen a este proyecto”, refirió Eduardo Miranda Esquivel, de la Unión de Juristas de México, uno de los moderadores de la reunión.De su lado, Manuel Fuentes, con 25 años de experiencia en materia laboral, refirió que los abogados acordaron investigar y alimentar criterios jurídicos, tanto para el sindicato como para diputados y senadores, a fin de enriquecer los argumentos para que los ministros de la Corte les concedan la razón a los legisladores que interpongan la controversia.Precisó que “por la naturaleza del decreto presidencial, los trabajadores que decidan ampararse sólo tienen 15 días hábiles para hacerlo, dada la naturaleza del mismo, pues sólo cuando se trata de la emisión de una ley, se concede a los quejosos 30 días hábiles”.Los litigantes consultados agregaron que la próxima semana se estará presentando el primer bloque de amparos masivos en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, demandas en las que se solicitará la suspensión del acto reclamado (el decreto presidencial).
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