Ex empleados del SME interpondrán demanda por despido injustificado

Trabajadores de la organización sindical afirmaron que no recibieron ninguna indemnización ni parte proporcional de aguinaldo

El Sindicato Mexicano de Electricistas será demandado por despido injustificado por trabajadores de la organización sindical que fueron despedidos sin recibir ninguna indemnización. No les dieron ni bono de ahorro, ni parte proporcional de aguinaldo, ni los sueldos de las seis últimas semanas.

Los ex trabajadores despedidos por el SME denunciaron además que dentro de la organización sindical se vivía una situación muy compleja por las constantes denuncias de fraude, venta de plazas e incluso hostigamiento sexual.

De un total de 700 empleados que tenía el SME, 20 tomaron la decisión de interponer demanda judicial. Su sueldo era de mil pesos a la semana y su situación se agudizó con el conflicto interno del gremio, derivado de la confrontación entre Martín Esparza Flores y Alejandro Muñoz Reséndiz en las elecciones intrasindicales de junio pasado.

Además, hay otras anomalías reconocidas en un informe interno por el encargado de la Comisión Autónoma de Justicia del SME, Mario Anselmo García Carmona: fraude por venta de notas (plazas), injurias, acoso sexual y prepotencia.

En su informe, dado a conocer en diciembre pasado y al que Crónica tuvo acceso, el dirigente sindical apunta: "Se recibieron del 16 de julio del presente año (2008) a la fecha 180 solicitudes de investigación, las cuales están siendo analizadas para su investigación y dictamen; 20 fueron turnadas a los jueces para su análisis, investigación y dictamen y 15 ya fueron dictaminadas.

"Cabe mencionar que se ha recibido a un gran número de solicitudes de investigación por fraude, sobre todo por venta de notas, y esto, por consecuencia, se traduce en un importante factor de riesgo para el prestigio de nuestra organización sindical.

"Por ende, la Comisión Autónoma de Justicia exhorta a toda la organización, activos y jubilados, así como a los miembros solicitantes, a no caer en este tipo de actos que tanto daño nos hacen como organización sindical", agrega.

García Carmona abunda en su informe que en 2008 habían comparecido 210 "compañeros por diversas causas, así como se han conciliado problemas como injurias, acosos sexuales y prepotencia por parte de la línea de mando".

Esta situación la vivían por igual los socios comisionados, aquellos trabajadores contratados por el SME para realizar labores de oficinas: mantenimiento, limpieza, ayudantes generales y que, según las normas internas del gremio, estaban a la espera de ingresar como sindicalizados a LyFC.

"No había respeto a nuestro trabajo. Había jefes que en realidad no tenían conocimiento del trabajo que realizábamos y sólo se dedicaban a jugar por internet, esperar la hora de la comida, criticar, gritar y cobrar un sueldo estupendo. Gente a lo que todo lo que hacíamos le ponía peros sin más ni más", afirma Leticia, cuyo nombre verdadero se reserva por temor a represalias del movimiento que encabeza Martín Esparza Flores.

Desgrana su cercanía con Gabriela Tapia, ex socia comisionada y después encargada de las compras de almacén y pagos en la Secretaría del Interior y "compañera" de una de las cabezas visibles del SME, Humberto Montes de Oca, actual secretario de aquel sector.

"Ella es especialista en robar pagos de tiempo extra, vacaciones y prestaciones, además de que vendía hojas de préstamo (los préstamos que se solicitan al gremio)", platica Leticia.

Las denuncias también alcanzan a Montes de Oca, mano derecha de Esparza Flores. En el restaurante Puerto Chico, el actual secretario del Interior del SME se habría gastado 307 mil 876 pesos al festejar su cumpleaños. Y las acusaciones señalan que lo hizo con las cuotas de los trabajadores.

En los documentos internos llevados ante la Comisión Autónoma de Justicia del gremio las quejas abundan:

"Solicito a la Comisión Autónoma de Justicia que se haga una investigación a mi nombre porque fui víctima de amenaza y persecución laboral por darme cuenta de muchas anomalías en el Interior (secretaría). Cuando laboré ahí, me mandaban a fotocopiar notas y facturas: ahí me di cuenta cuánto se robaba al sindicato porque eran facturas de almacenes de prestigio (Sears, Liverpool, Zara), aparte de notas de restaurantes caros".

"Solicito directamente al procurador intervenga ante mi persona conforme a lo que por derecho me corresponde: el pago total del tiempo que he prestado mis servicios ante diferentes trabajos a este sindicato: 1) trabajo de banderas, realizados en mano de obra en la época de la revisión contractual del 16 de marzo de 2006, con una promesa de pago de cinco mil pesos por parte del Interior. A esta fecha no he recibido pago alguno". La solicitud tiene fecha del 22 de julio de 2008.

"Solicito se me pague mi tiempo extra, laborado los días 10, 14, 15 y 16 de diciembre de 2007 por concepto de copiado, impresión, corte y empaquetado de ponencias de hojas de registro de los datos de activos y jubilados y del boletín N. 1 para la Comisión Legislativa 2008-2010. El pago es de mil pesos... a partir de esas fechas no se me permite trabajar en tiempo extra, afectando de esta manera un ingreso extra que ya no puedo obtener". La fecha de solicitud de investigación es del 4 de agosto de 2008.

Y las anomalías comprenden la venta de tomas de notas, que iban, la más barata, de unos 50 mil a 80 mil pesos en el Departamento de Construcción Civil, Obras Civiles.

"Esos son los puestos más bajos en el escalafón, ahora imagina cuánto se cobraba en cargos más elevados: analistas, ingeniería", comenta Sofía, una de las trabajadoras comisionadas que estuvo a la espera de un puesto fijo en el SME y quien interpondrá demanda por despido injustificado.


http://www.puntomedio.com.mx/noticias/-empleados-del-sme-interpondran-demanda-por-despido-injustificado-1953/

Empresas de “clase mundial” …en corrupción

Autor: Marcos Chávez Sección: Opinión


Publicado en ContraLinea 24 October 2010 18
Primera Parte


Hasta 1982, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las empresas paraestatales, eran consideradas como las joyas de la nación, propiedad del pueblo, que tenían que ser resguardadas y desarrolladas por el Estado, como representante constitucional de sus intereses y responsable de las riquezas y los sectores estratégicos del país, a favor de las necesidades del crecimiento mexicano.

Los bienes y servicios ofrecidos a través de esos monopolios públicos, a precios subsidiados, tenían un doble propósito. Por un lado, eran considerados como parte de los instrumentos disponibles para ampliar el acceso de la población a los productos básicos y, con ello, elevar su calidad de vida, sus niveles de bienestar, y mejorar la distribución del ingreso; por otro, para proporcionar y diversificar los insumos requeridos por las empresas que, al abaratar los costos de producción, patrocinaban la acumulación privada de capital y, por añadidura, en la inversión, el crecimiento y el empleo. Era parte del sacrificio social considerado como necesario, financiado con los impuestos de la misma población, que redundaba en el beneficio colectivo.

El control de dichas empresas y las bajas tarifas eran una respuesta lógica de una nación que recuperaba la energía eléctrica, los hidrocarburos y sus derivados, cuya explotación, entregada por la dictadura porfirista, había sido subordinada a la maximización de las ganancias de las empresas extranjeras. Bajo ese principio, ellas determinaban el destino de la industria energética: las cotizaciones, los planes de inversión, los mercados que se atenderían, las tecnologías empleadas, las relaciones laborales, los impuestos pagados, la repatriación de las utilidades, con escaso beneficio para México. Imponían el interés privado sobre el interés público. Su recuperación, elevada a rango constitucional, fue resultado de la Revolución Mexicana.

La nacionalización de los recursos energéticos y de las empresas citadas, paradigmáticas para el antiguo régimen autoritario que se calificaba a sí mismo como “nacionalista revolucionario”, fue la manifestación de otros objetivos trascendentales: el ejercicio de la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo nacional autónomo. Bajo la rectoría del Estado, y los efectos multiplicadores de las obras públicas, se aspiraba que el país superara su condición de subdesarrollado, sometido a la lógica de metrópolis capitalistas, sobre todo al imperialismo estadunidense. Esos principios se sobrepusieron a la ineptitud, la corrupción y el manejo inescrupulosos de sus recursos que a menudo caracterizó a sus directivos y el gobierno. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano?

Desde hace 28 años que los neoliberales asaltaron el Estado. El sector energético, Pemex, la CFE, la desaparecida CLFC y las obras públicas son el símbolo de la degradación de los gobiernos priistas y panistas, y de los oligarcas hombres de presa que han envilecido a la nación al convertirla en un hediondo botín. Son la alegoría de los impunes abusos de poder cometidos en contra de quienes supuestamente son sus dueños, la población y los trabajadores que carecen de las instituciones que defiendan sus derechos, el manejo arbitrario de las leyes y la ineficiencia oficialmente programada; del manejo turbio del presupuesto y el campo fértil del contratismo y la corrupción descarados.


Fuente: Contralínea 205 / 24 de Octubre de 2010

continua....

Comentarios sobre el SME en W Radio

Muñoz: negoció el gobierno con un delincuente

Impedir la participación de los trabajadores liquidados en elección sindical implica revivir a LyFC, dice, si no pasa algo extraordinario, no veo cómo Esparza no pueda obtener su registro, anticipa Lozano

elizabeth.machuca.razon@gmail.com

El gobierno federal le dio una “cachetada” a la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al aceptar la realización de una “farsa electoral”, para que Martín Esparza asuma formalmente el control del gremio y de sus activos, señaló Alejandro Muñoz.

“El Presidente ha dicho que no van a negociar con delincuentes, pero ya negociaron, Martín es un delincuente”, acusó , en entrevista con La Razón.

El ex tesorero del sindicato dijo que la lectura de este hecho es que las cosas se obtienen “a base de golpes, de chantajes, de golpear gente, de rodear y sitiar la ciudad”.

La víspera, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón explicó que en el proceso para elegir a la dirigencia del sindicato sólo podrían votar los trabajadores activos, atributo que sólo le confirió a los que no han aceptado su liquidación. E indicó que esto es lo que señalan los estatutos del SME.

Al respecto, Muñoz consideró que con este argumento lo que se hace es revivir a la empresa extinta: “si no, que me digan dónde trabaja Martín Esparza, en ningún lado”, dijo.

Agregó por otro lado que con la toma de nota a Esparza, éste podría vender los bienes del sindicato, si cuenta con la firma de un secretario del gremio.

“Va a tener el control de los bienes porque el estatuto marca que el secretario general con la firma de cualquier secretario del SME, ya sea del trabajo o del interior, puede venderlos ”, severó.

El proceso ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje para renovar la dirigencia concluye el 3 de diciembre. La única planilla que se registró fue la de Martín Esparza.

TODOS SOMOS DEL SME

"NOSOTROS NOS LIQUIDAMOS POR NECESIDAD, POR PAGAR DEUDAS PARA COMER, SIEMPRE FUIMOS DEL SME; IBAMOS A MARCHAS, MI PAPÁ Y MI TIO TAMBIEN ERAN DEL SME.

QUE NO PODAMOS VOTAR NO ES JUSTO, NOSOTROS TENEMOS DERECHOS TAMBIEN, DEBEMOS DECIR QUE PASE CON EL SME.

TODOS SOMOS DEL SME"


EX EMPLEADA DE LA TIENDA DE CONSUMO, LIQUIDADA.

Socios comicionados demandan al SME

Unos 200 socios trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas denuncian que esa organización dejó de pagarles sus salarios desde hace más de un año

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Ciudad de México Jueves 14 de octubre de 2010 Notimex

El Universal14:22

Alrededor de 200 de 800 socios comisionistas trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunciaron que esa organización dejó de pagarles sus salarios desde hace más de un año.

Ante ello, demandaron ser incluidos por el gobierno federal en un proceso especial de liquidación, utilizando para tal efecto los fondos sindicales que están retenidos en cuentas bancarias.

Laura Alvarez Martínez, una de las afectadas, explicó que desde antes del decreto que extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace un año los dirigentes del SME ya no les pagaban por sus servicios debido a los problemas internos que generó el proceso de elección.

En entrevista, explicó que por ser trabajadores contratados por ese sindicato quedaron excluidos de los procesos de liquidación y recontratación que ofrecieron las autoridades federales a ex trabajadores de LFC.

Por ello, informó, al menos 200 de sus compañeros decidieron presentar demandas laborales contra el SME en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero debido a que el sindicato no tiene personalidad jurídica por carecer de reconocimiento oficial sus expedientes están estancados.

Denunció que los dirigentes del sindicato no se quieren hacer responsables del pago de sus salarios y eluden su compromiso como patrones, pero 'sí tienen dinero para viajar y sostener sus movilizaciones'.

Dio a conocer que de esta situación, que hasta el momento ha sido invisible para las autoridades, ha sido informada a legisladores federales, a quienes les pidieron aprobar un punto de acuerdo para exhortar que se atienda su reclamo.

Laura Álvarez denunció que los integrantes del SME que se dicen dirigentes los han amenazado de diversas formas por haber demandado sus derechos.

Respecto de su petición de que se abra un proceso especial de liquidación para los socios del SME, la afectada dijo que proponen al gobierno federal que descongele parte de los fondos sindicales y nombre a una personalidad ajena al sindicato para que se encargue de pagarles sus liquidaciones y salarios caídos.

fml

CFE: corrupción de clase mundial

CREDITO:
Alberto Aguirre M.
1 Octubre, 2010 - 01:24


Nada conmueve a las autoridades calderonistas, en el escándalo que involucra a Néstor Moreno García y al menos a otros tres funcionarios del sector energético, ni siquiera la investigación del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos o el cúmulo de evidencias aportado por la firma suiza ABB. Fuera de México, a los mexicanos implicados en esta trama de sobornos se les persigue y juzga. Y aquí, la PGR y la Función Pública apenas están en la integración de los expedientes.

Ambas dependencias han abierto sendas indagatorias. En la Comisión Federal de Electricidad, el Órgano Interno de Control revisa las operaciones bancarias irregulares efectuadas por su exdirector de Operaciones. En las oficinas centrales de la SFP, de manera simultánea, ha iniciado una pesquisa de “evaluación patrimonial”, para comprobar si, efectivamente, son de su propiedad el yate y el Ferrari que se le imputan.

Desde noviembre pasado, el director general de la institución, Alfredo Elías Ayub, giró instrucciones para que el área jurídica de la CFE presentara una denuncia de hechos, en la PGR, “contra quien resulte responsable”, como si en Estados Unidos no hubieran descubierto e investigado este caso, conocido como el de los good guys (los chicos buenos), por los mensajes electrónicos que intercambiaron los involucrados.

Muchos tiempos y contratiempos se hubieran evitado en el gobierno calderonista si hubieran colaborado con sus contrapartes estadounidenses o, al menos, hubieran revisado el expediente 09-325, abierto el 16 de noviembre del 2009 en la división Houston del Distrito Sur de la Corte de Estados Unidos.

La acusación es contundente. Desde 1997 y por lo menos hasta el 2004, ABB Network Management, una filial de la compañía suiza, pagó sobornos a funcionarios de la CFE por 1.9 millones de dólares.

Entonces, John Joseph O’Shea, quien se desempeñó como Gerente General de esa unidad de negocios de ABB Inc., que tenía su sede en Sugar Land, Texas, contrató los servicios del empresario Fernando Maya Basurto, a quien nombró su representante en México. Este equipo no tardó en conseguir adjudicaciones de obra, por parte de la CFE.

En 1997, ABB NM recibió el encargo de desarrollar un sistema de información y control “en tiempo real”, que dentro de la CFE se conoce como SITRACEN y no es otra cosa sino el cerebro del Centro Nacional de Control de Energía, por el que cobró 44 millones de dólares. En octubre del 2003, obtuvo un contrato multianual para la actualización y mantenimiento de dicho sistema -ese proyecto se denominó Evergreen– por el que requirió 37 millones dólares más.

O’Shea y Basurto se declararon culpables. El empresario mexicano además admitió haber participado en las operaciones financieras mediante las cuales Moreno García cobró los sobornos y los destinó a distintos pagos. Para ello, contrató los servicios de Enrique Faustino Aguilar y Ángela Gómez, un matrimonio que prestaba servicios de corretaje a través del Grupo Internacional de Asesores y que, a su vez, representaba a una financiera panameña denominada Azusa.

El expediente armado por el fiscal Nicola J. Mrazek ante el juez Lynn Hughes es contundente. Los funcionarios de la CFE, lidereados por Moreno García, establecieron montos y rutas para recibir sus “comisiones” por la asignación de los contratos del SITRACEN y su mantenimiento, denominado Evergreen, por el que pactaron recibir 10% del monto final del contrato; es decir, 3.7 millones de dólares. Aguilar y Gómez, por su parte, establecieron como monto por sus servicios la módica suma de 1 millón de dólares, de los cuales Basurto y el exdirector de operaciones de la CFE retuvieron una parte.

La investigación posterior -que involucró un rastreo del intercambio epistolar entre O’Shea, Basurto y los funcionarios de la CFE y el rastreo de sus cuentas bancarias– determinó el modus operandi de sobornadores y sobornados, así como las cantidades que mes con mes depositaron en las cuentas, para lo que incluso falsificaron documentación de instituciones bancarias.

Ayer, ABB Ltd informó que aceptó pagar 58.3 millones de dólares en devoluciones, intereses y multas derivadas de los sobornos entregados a los funcionarios mexicanos por su filial texana. En Houston se juzga a Basurto y O’Shea, mientras que en Los Ángeles ya está convicta Ángela Gómez, la esposa de Enrique Faustino Aguilar. Sólo falta que caigan Moreno García y los demás funcionarios de la CFE implicados en este entuerto. Pero las autoridades mexicanas, que aún recaban información y pruebas, quizá hayan dejado escapar a los corruptos.

EFECTOS SECUNDARIOS

REVÉS MINERO. El Juez Primero de Procesos Penales Federales del DF negó el amparo interpuesto por Juan Linares Montúfar, expresidente del Comité de Vigilancia del STMMRM y cercano a Napoleón Gómez Urrutia. Sigue el proceso en su contra.

Fuera de México, a los mexicanos implicados en esta trama de sobornos se les persigue y juzga. Y aquí, la PGR y la Función Pública apenas están en la integración de los expedientes.